El inicio del curso escolar en Ronda ha sido marcado por la falta de planificación en el servicio de transporte escolar, dejando a muchas familias sin información ni recursos, según denunció la concejala del PSOE Pepi Cabrera. A esto se suman los aumentos en los precios de comedores y el recorte de plazas en educación infantil en Andalucía.
El caos ha protagonizado el regreso a las aulas en Ronda, donde más de 2.400 estudiantes se enfrentan a una falta de planificación en el servicio de transporte escolar. Según la concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Ronda, Pepi Cabrera, «nadie sabe nada» sobre las listas de admitidos y excluidos en este servicio esencial. «El teléfono está colapsado y no hay respuesta por parte del Ayuntamiento», denunció Cabrera, señalando que muchas familias se encuentran en una situación de incertidumbre en este primer día del curso 2024/2025.
Cabrera exigió a la Delegación de Educación y a la concejala María de los Ángeles López que ofrezcan una solución inmediata y una publicación clara de las listas para que las familias afectadas puedan gestionar la ayuda para el transporte escolar. Además, subrayó la falta de planificación por parte del gobierno regional, que ha provocado una serie de problemas repetidos de años anteriores, afectando gravemente a las familias más vulnerables.
El panorama es aún más sombrío cuando se analizan los costes educativos. Cabrera recordó que este año las familias andaluzas deberán afrontar un aumento del 25% en los gastos de vuelta al cole, mientras que el comedor escolar, por cuarto año consecutivo, vuelve a subir. «El precio del comedor alcanza ya los 5,54 euros al día, una cifra que para muchas familias supone un ataque directo a la educación pública», aseguró la concejala socialista.
En el ámbito regional, Cabrera también criticó duramente al gobierno de Juanma Moreno Bonilla por devolver 112 millones de euros en fondos europeos destinados a la creación de 12.000 plazas de educación infantil, dejando solo 1.040 nuevas plazas en toda Andalucía. «Más de 300 municipios pequeños andaluces no podrán acceder a este derecho esencial», denunció, calificando la medida como un «nuevo ataque a la educación pública y a las familias que más lo necesitan».
La situación es especialmente crítica en Ronda, donde la comunidad educativa sigue reclamando la retirada de amianto en el Instituto Rodríguez Delgado, una demanda que lleva años sin solución. «La Junta de Andalucía sigue recortando en educación pública mientras favorece el crecimiento de la educación privada, dejando desamparados a miles de estudiantes», concluyó Cabrera.