La Fiscalía ha pedido penas de cárcel para la actual alcaldesa de Ronda, María Paz Fernández, y para su predecesora, María Teresa Valdenebro, así como para tres trabajadores municipales y un empresario, a quienes acusa de falsedad, prevaricación, malversación y fraude relacionados con la gestión de la empresa municipal de recogida de residuos Soliarsa, según publicó Cadena SER.
El escrito del Ministerio Público revela un conjunto de supuestas irregularidades cometidas entre 2018 y 2020 en Soliarsa, la empresa municipal de recogida de residuos de Ronda.
Entre ellas, se señalan contrataciones de personal al margen del procedimiento reglado, compras de material a dedo, desvío de fondos y gastos aprobados por las dos regidoras sin la justificación correspondiente, de acuerdo con la calificación fiscal a la que ha tenido acceso Cadena SER.
María Teresa Valdenebro, alcaldesa hasta junio de 2019, y la popular María Paz Fernández, que asumió el cargo desde entonces, firmaron facturas por 86.000 euros en material adquirido sin ajustarse a la Ley de Contratos que obligaba a Soliarsa como empresa municipal. También contrataron a 28 operarios en distintas etapas sin respetar el Estatuto del Funcionario, recurriendo en ocasiones a entrevistas únicas, sin bases ni exámenes, o restringiendo la oferta a vecinos de Ronda, contraviniendo los principios de igualdad, mérito y capacidad.
La Fiscalía sostiene que ambas regidoras actuaron con pleno conocimiento de la irregularidad y les reprocha además haber aprobado en 2018 y 2019 aumentos de sueldo en Soliarsa, sin competencia para ello, que llegaron a ser del 15 % en el caso del capataz, uno de los acusados.
La calificación judicial apunta igualmente a una presunta trama en la que operarios municipales de Soliarsa, junto a un empresario, se habrían apropiado de 85.000 euros mediante compras ficticias a la empresa Urban Services, presentando facturas y albaranes falsificados por material que nunca se entregaba.
El Ministerio Público añade que las dos alcaldesas autorizaron gastos de 40.000 euros en comidas, cestas, lotería y lotes de Navidad, sin relación con el objeto de la empresa.
Así se acusa a Valdenebro y Fernández un delito continuado de fraude en concurso con malversación, por lo que pide para cada una cinco años de cárcel, ocho de inhabilitación y el pago conjunto de 42.000 euros de indemnización al Ayuntamiento de Ronda.
Para los tres trabajadores municipales solicita seis años de prisión y diez de inhabilitación por falsedad en documento público, prevaricación y malversación. En el caso del empresario, reclama seis años de cárcel por falsedad en documento mercantil en concurso con fraude.
Comunicado del Ayuntamiento de Ronda
Procedemos a incluir la respuesta oficial emitida desde el Ayuntamiento: «Ante el escrito de acusación de la Fiscalía del Área de Marbella, en el marco de procedimiento judicial abierto sobre la empresa municipal de limpieza Soliarsa; desde el Ayuntamiento de Ronda se quiere manifestar lo siguiente:
En primer lugar, subrayar la sorpresa que han causado las acusaciones del fiscal, cuando la jueza y el Tribunal de Cuentas ya determinaron que no existe ilegalidad alguna.
La continuación del procedimiento está todavía pendiente de recurso ante el juzgado de Ronda y, en su caso, ante la Audiencia Provincial.
Pese a esto, el fiscal ha presentado escrito de acusación contra, entre otros empleados municipales, la ex regidora del PSOE María Teresa Valdenebro y la alcaldesa, Mari Paz Fernández.
En primer lugar, se acusa tanto a Valdenebro como a Fernández de contratación irregular en determinados suministros, lo que resulta altamente sorprendente, ya que el propio juez ya determinó que ni Valdenebro, ni Fernández tenían conocimiento de esta contratación irregular. Además, estas contrataciones pasaron el filtro del Tribunal de Cuentas, que señaló que eran correctas.
Más sorprendente aún resulta la acusación específica a Fernández de haber aplicado un IPC más alto que el establecido en las nóminas en el año 2018 y sobre 2017, el fiscal también reprocha a la empresa haber abonado unos pluses a ciertos trabajadores de forma ilegal. Ha habido un evidente error, puesto que Fernández no era alcaldesa en estos años, por lo tanto, no pudo haber cometido los delitos que se le imputan.
También se acusa a Valdenebro y Fernández de haber pagado sin una norma que lo permita, la comida del patrón y la cesta de Navidad. Tampoco es cierta la acusación del fiscal, ya que ello viene recogido en el convenio colectivo, que se estaba aplicando y que pasó los controles de la Junta de Andalucía. Además, el Ayuntamiento se negó a pagar la cesta, los trabajadores lo denunciaron y el juzgado les dio la razón, obligando al Ayuntamiento a asumirlas con carácter retroactivo. También el Tribunal de Cuentas avaló este proceder.
Por último, en alusión a la contratación irregular de trabajadores de un plan de empleo, todos los informes técnicos avalan la corrección en estas contrataciones. También el Tribunal de Cuentas se manifestó en este sentido.»
