El PSOE ha exigido al alcalde de Montejaque, Diego Sánchez (PP), la cancelación inmediata del contrato de alquiler del vehículo oficial de alta gama que utiliza de manera habitual. El portavoz socialista en el municipio, Manuel Morales, ha denunciado el elevado coste que supone para las arcas municipales el uso diario de un vehículo LEXUS por parte del regidor, señalando que Montejaque se sitúa entre los municipios de menos de 5.000 habitantes de toda España que más dinero destinan a un coche oficial para su alcalde.
El Grupo Municipal Socialista presentó una moción en el Ayuntamiento solicitando no solo la cancelación del actual contrato de alquiler, sino también que no se formalice ningún otro contrato similar en el futuro y que se prohíba el uso de vehículos municipales para desplazamientos personales, incluidos los trayectos desde o hasta el domicilio particular de cualquier cargo público. Sin embargo, el Partido Popular votó en contra de la iniciativa y admitió durante el debate que el alcalde utiliza el vehículo oficial a diario para desplazarse desde su domicilio en Mijas hasta Montejaque.
Según ha detallado Morales, el Ayuntamiento destina 1.137,64 euros mensuales al alquiler del vehículo oficial, lo que ha supuesto un gasto total de 10.165,40 euros entre octubre de 2024 y julio de 2025, conforme a los datos facilitados por la propia Alcaldía. A esta cantidad se suman 4.240,93 euros en combustible desde octubre de 2024 hasta septiembre de 2025, con una media aproximada de 350 euros mensuales en gasolina. En conjunto, el gasto mensual en alquiler y combustible asciende a 1.487,64 euros, cargados directamente al presupuesto municipal.
El portavoz socialista ha subrayado que el uso del coche oficial para desplazamientos personales supone un gasto que “no se abona a ningún trabajador municipal” y que, en su opinión, “no corresponde sufragar al Ayuntamiento”. Morales ha defendido que un alcalde “debe residir en el municipio al que representa”, especialmente en un contexto de lucha contra la despoblación, y ha considerado injustificado que el Consistorio asuma los costes derivados de traslados personales ajenos a la actividad municipal.
Desde el PSOE se ha insistido en que este gasto no está justificado en un municipio de menos de 1.000 habitantes, y se ha reclamado la eliminación inmediata del alquiler del vehículo de alta gama asignado al alcalde. Morales ha recordado además que el Ayuntamiento ya dispone de un vehículo municipal financiado por la Junta de Andalucía, destinado a cubrir desplazamientos necesarios por razones de servicio. En este sentido, el portavoz socialista ha defendido que el Consistorio cuente con un vehículo en propiedad, de características básicas, que pueda ser utilizado por el conjunto del personal municipal y los cargos públicos exclusivamente para tareas justificadas y relacionadas con la actividad municipal, y no para usos personales.
Morales también ha contextualizado esta situación recordando que el alcalde accedió al gobierno municipal en 2011, bajo las siglas de la Agrupación Democrática Independiente Andalucía (ADIA), con el compromiso de no percibir retribución por su labor y de destinar íntegramente su sueldo a fines sociales. “Catorce años después, la realidad ha cambiado de manera radical”, ha señalado, subrayando que el alcalde gobierna ahora bajo las siglas del Partido Popular y que se ha producido un incremento del gasto político sin precedentes en el Ayuntamiento de Montejaque.
Según ha explicado, al inicio del actual mandato se aprobaron retribuciones para el alcalde y todas las concejalas del Partido Popular que ascienden a un total de 130.497,80 euros anuales: 34.840 euros anuales para el alcalde, 27.444,62 euros anuales para cada una de las dos tenientes de alcalde y 20.384,28 euros anuales para cada una de las dos concejalas.
Finalmente, el Grupo Municipal Socialista ha reiterado, a través de la moción rechazada por el PP, su petición para que los cargos públicos con responsabilidad de gobierno tengan su residencia habitual en el municipio, como una medida ejemplarizante y coherente con la lucha contra la despoblación, así como para garantizar un uso responsable y austero de los recursos públicos.
